La Historia de Violencia Política, Asesinatos, Secuestros y Apremios Cometidos por Grupos Armados en Chile (1960–1973)

Cuando se cumplieron 40 años del Golpe de Estado, el Golpe Naval que cambió la historia de Chile, escribí varios apuntes, reportajes y columnas de opinión sobre ese tema que hasta hoy, 53 años después, sigue dividiéndonos como sociedad, mas ahora en una época electoral donde se enfrentan las extremas, izquierdas y derechas, por el sillón Presidencial. El problema es que pareciera que el único afán que tienen los candidatos es simplemente, reflotar los odios, y regar esa semilla que se sembró hace tantos años, con las lágrimas de todos nosotros, los que no tenemos nada que ver con el conflicto y que finalmente nos transformamos en víctimas de esas luchas ideológicas. (algunos de esos apuntes y comentarios están en este blog)

Lo triste de todo esto es que de cada sector extremo pareciera que también buscan borrar de la memoria la historia incómoda, esa que tiene páginas con relatos que están ahí, quietos, silentes, como esperando que alguien los despierte.

Aclaro que esto no es proselitismo político de uno u otro lado, solo un grito desesperado y un llamado a reconocer que nuestro quiebre institucional se gestó mucho antes de lo que nos contaron y que por culpa de aquellos irresponsables, hoy nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos pagan las consecuencias.

He aquí entonces, algunos de esos pasajes de la historia que algunos quieren mantener en silencio. El periodo comprendido entre 1960 y septiembre de 1973 en Chile se caracterizó por una creciente polarización política e ideológica que, influenciada por factores externos y tensiones internas, sentó las bases para el surgimiento y la proliferación de grupos armados no estatales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, los que con sus acciones violentistas, terminaron por cercenar la estabilidad política y social dando paso al Golpe de Estado de 1973.

El análisis de esas acciones—secuestros, asesinatos y apremios— es fundamental para comprender la dinámica de inestabilidad que culminó con el quiebre democrático y entender, primero, que la responsabilidad sobre esos hechos no fue gatillada solo por el Gobierno de la Unidad Popular ni solo por el Gobierno Militar (que luego se transforma en Dictadura) y; segundo, más aun, pareciera que esa parte de la historia convenientemente ambos sectores han intentado borrar de las páginas de la memoria colectiva.

La década de 1960 estuvo marcada por el triunfo de la Revolución cubana en 1959, un evento que tuvo un impacto decisivo en toda América Latina y catalizó una fuerte polarización en el espectro político chileno.

Esto derivó, a diferencia de lo que se ha querido hacer creer,  en una confrontación ideológica entre los partidos tradicionales de izquierda que apostaban por la vía reformista e institucional (como el Partido Comunista y el Partido Socialista) y aquellos que sostenían la necesidad de un enfrentamiento directo con la clase dominante y el Estado a través de la lucha armada.  

Simultáneamente, el gobierno de la Democracia Cristiana (1964-1970), bajo el liderazgo de Eduardo Frei Montalva, promovió su programa de Gobierno bajo la estrategia de la "Revolución en Libertad" centrada en cinco ejes, desarrollo económico; educación y enseñanza técnica; solidaridad y justicia social; participación política y soberanía popular. Sin embargo, la percepción del fracaso o la insuficiencia de estas reformas institucionales, empujó a sectores juveniles e intelectuales de ambos sectores políticos extremos (izquierda y derecha) hacia la vía insurreccional.

Esta insatisfacción ideológica representó una transición: la decisión de recurrir a la violencia armada de facciones radicales fue tomada antes de la llegada de Salvador Allende al poder, lo que significa que el conflicto armado extraparlamentario era una tendencia autónoma, no simplemente una reacción defensiva a la Unidad Popular (UP).

La discusión sobre la viabilidad de la estrategia "foquista" en Chile, inspirada en la figura de Ernesto "Che" Guevara, asesinado en 1967, dominó los debates internos de la izquierda revolucionaria y fue gravitante para seguir el camino de la revolución cubana, pero a la chilena. Así, la búsqueda de la unidad para posicionarse en el debate público, derivó inevitablemente a la formación de organizaciones armadas.

IZQUIERDA EN LA EXTREMA

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue probablemente el primero. Fundado en agosto de 1965, se consolida rápidamente como el principal referente de la izquierda radical, extraparlamentaria y revolucionaria chilena. Integrado por disidentes de partidos tradicionales y estudiantes universitarios (como los provenientes de la Vanguardia Revolucionaria Marxista-Rebelde, VRM-R, de la Universidad de Concepción), el MIR debatió intensamente la aplicación de la guerrilla rural, aunque operativamente terminó centrándose en acciones de guerrilla urbana.

Su modus operandi inicial se centró en los asaltos, que el MIR denominaba eufemísticamente "expropiaciones," cuyo objetivo principal era la autofinanciación. Estas “expropiaciones” constituyeron sus "solas y únicas acciones armadas hasta el Golpe de Estado de 1973". Este enfoque en la acumulación de capital logístico, más que en la violencia letal sistemática, caracterizó su fase pre-UP.  

La Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) surgió posteriormente, en agosto de 1968. Sus fundadores, Ronald y Arturo Rivera Calderón e Ismael Villegas Pacheco, habían sido expulsados de las Juventudes Comunistas y del MIR por considerar a estos partidos "aburguesados". La VOP adoptó una postura más radical, orientada a la vía de la insurrección y al terrorismo, buscando profundizar el camino hacia el socialismo a través de la violencia colectiva.  

El primer secuestro político de alto perfil atribuido a la ultraizquierda, que marcó un hito en la escalada de la violencia no estatal, ocurrió en 1969. El secuestro del Periodista y entonces gerente de la revista “Ercilla”  Hernán Osses, fue adjudicado al MIR. La prensa de la época calificó el acto de "repugnante y cobarde," señalando el "infantilismo" político de los autores. Este evento significó el paso de la violencia enfocada en la logística (expropiaciones) a la violencia directa contra figuras públicas, un shock político que prefiguró el nivel de confrontación que dominaría la siguiente década.  

Con la llegada de Salvador Allende y la Unidad Popular (UP) al gobierno en 1970, la extrema izquierda se dividió en facciones que apoyaban la vía institucional y aquellas que rechazaban el gradualismo, radicalizando sus acciones violentas.

Durante el gobierno de la UP, el MIR mantuvo su línea extraparlamentaria, aunque su influencia creció considerablemente. Las "expropiaciones" o asaltos menores,  continuaron siendo su principal acción armada para el financiamiento.  

Un aspecto crucial de la violencia ejercida por el MIR se dio en el ámbito rural a través del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). El MCR se dedicó a promover y organizar las llamadas "corridas de cercos"— la ocupación sistemática e ilegal de tierras. Esta estrategia fue utilizada como un arma legítima y efectiva para la recuperación de tierras. Estas tomas, generaron una constante fuente de enfrentamientos, clasificados como apremios y violencia política de baja intensidad, entre los campesinos apoyados por el MIR, los latifundistas y las fuerzas policiales (Carabineros). El registro de heridos y fallecidos durante estas confrontaciones es difícil de cotejar debido a la ausencia de archivos judiciales o policiales centralizados sobre la violencia política pre-golpe.

  Mientras tanto la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) se posicionó como el grupo de izquierda más radical, oponiéndose abiertamente al camino institucional de la UP y recurriendo a actos que la oposición y el propio gobierno calificaron de terroristas. Sus operaciones incluyeron robos, expropiaciones y ajusticiamientos, reflejando una lógica de confrontación directa contra el Estado y el capitalismo.  

El acto criminal más significativo y desestabilizador de la VOP fue el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic el 8 de junio de 1971. Pérez Zujovic, exministro del Interior del gobierno de Frei Montalva (DC), era una figura odiada por la izquierda radical por su responsabilidad en la llamada Masacre de Puerto Montt de 1969, donde un grupo de Carabineros realizó el desalojo de un terreno baldío conocido como Pampa Irigoin que había sido ocupado por más de 90 familias. La izquierda acusó a Pérez Zujovic y a sus subalternos de haber engañado a los ocupantes porque solo un día antes les habían ofrecido una salida pacífica, sin embargo, en la noche mientras dormían llegaron las fuerzas policiales para desalojarlos. Nueve hombres murieron en el mismo lugar o en las inmediaciones, un bebé de nueve meses murió ahogado por los gases lacrimógenos y otras 52 personas resultaron heridas a bala.

Algunos miembros de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, que participaron del asesinato, se volaron con explosivos días más tarde frente al cuartel central de la policía de Investigaciones. Otros de los asesinos fallecieron en un enfrentamiento con detectives y el diputado socialista Luis Espinoza, a quien el gobierno acusó de incitar la toma, fue detenido (posteriormente en diciembre de 1973 fue asesinado por agentes de Carabineros y la Fuerza Aérea). 

Este magnicidio se convirtió en un punto de inflexión político en Chile. El gobierno de la UP se vio obligado a declarar zona de emergencia y establecer toque de queda en Santiago. El crimen fue condenado incluso por el MIR, señalando su naturaleza contraproducente.

El asesinato de Pérez Zujovic tuvo una consecuencia política paradójica: aunque cometido por la ultraizquierda rupturista, facilitó la gestación de un acercamiento entre la oposición (Democracia Cristiana y Partido Nacional) en su lucha contra Allende, legitimando el discurso de caos e ingobernabilidad. La VOP, al rechazar la vía democrática, se transformó en un agente desestabilizador involuntario, intensificando el conflicto entre las posturas gradualistas de la UP y las rupturistas. La VOP fue rápidamente desarticulada por la acción del Estado en 1971, pero el daño político y la justificación de la "mano dura" ya estaban establecidos.  

Esa consecuencia se extendió incluso a las filas de la misma D.C. cuando Pérez Zujovic recibió la crítica y cuestionamiento desde la directiva de la Juventud Demócrata Cristiana, encabezada en aquel momento por Enrique Correa Ríos.

La Juventud DC y la Democracia Cristiana Universitaria, DCU, culparon a Pérez Zújovic de la matanza. "Este nuevo acto represivo del gobierno no es sino la consecuencia de una política cada día más alejada y contraria a los intereses populares, que necesita, por tanto, imponerse cada vez con una mayor cuota de autoritarismo... ", declararon los jóvenes en una carta donde pidieron la salida inmediata de Pérez Zújovic, recibiendo el apoyo de los diputados Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez, Vicente Sota y Julio Silva Solar.

Esos eran los últimos escarceos del partido con los jóvenes demócrata cristianos. En las semanas siguientes la mayoría de la Juventud falangista se marginaría del PDC para fundar el MAPU.

El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), fundado en 1969 a partir de una escisión de la Democracia Cristiana, fue un actor clave dentro de la Unidad Popular. Ideológicamente, el MAPU experimentó una fuerte polarización interna que llevó a una división formal en marzo de 1973.  

El MAPU Obrero Campesino (MAPU/OC), liderado por Jaime Gazmuri, representó la tendencia moderada y circunscrita a la estrategia institucional de la UP, aliándose con el PC y el Partido Radical. En contraste, la facción hegemónica del MAPU y, posteriormente, el Complejo Partidario MAPU Lautaro (una organización más visible post-1973, pero cuyas bases ideológicas de radicalismo se discutían pre-golpe) se inclinaron por una estrategia más combativa. Esta tendencia radical sostenía que la consecución de sus fines requería la "movilización combativa, la lucha armada, la insurgencia y la rebeldía de masas," rechazando la conciliación política.  

A pesar de esta retórica, el análisis documental no registra acciones violentas de alto perfil atribuidos directamente a las facciones MAPU durante el periodo 1970–1973. Sus actividades se centraron más en la confrontación política y la organización de bases sociales, particularmente en el campesinado.  

Otro grupo armado, que si bien no generó acciones directas violentistas como el Mir, el Vop o el Mapu, si fue el Grupo de Amigos Personales (GAP) que se formó en 1970 con el propósito principal de proporcionar seguridad a Salvador Allende durante su campaña y presidencia. Aunque su función era defensiva y no está catalogado como un grupo terrorista, su existencia como una fuerza de seguridad paramilitar de la izquierda, leal al presidente, contribuyó a la militarización del entorno político.  

La presencia del GAP reflejó una paradoja crucial en la estrategia de la "vía chilena al socialismo": mientras el gobierno buscaba mantener un camino institucional, su protección dependía de un aparato armado extra-constitucional. Esto fue utilizado por la oposición para deslegitimar el gobierno, acusándolo de promover fuerzas paralelas. El GAP estuvo directamente involucrado en la defensa final de La Moneda durante el golpe de Estado, sufriendo 46 bajas en combate.  

DERECHA EN LA EXTREMA

En respuesta a la llegada de la UP y la radicalización de la izquierda, la extrema derecha chilena se organizó en grupos paramilitares cuyo objetivo explícito era el derrocamiento del gobierno mediante el sabotaje y el terror.

El Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), o simplemente Patria y Libertad (PyL), fue fundado el 1 de abril de 1971. Esta organización paramilitar de extrema derecha, de ideología fascista, neofascista y ultranacionalista, se estableció con el propósito declarado de oponerse y derrocar a Salvador Allende mediante violencia política, sabotaje y terrorismo.  

La estrategia de PyL se centró en la creación de un clima de caos sistémico y la desestabilización económica para justificar la intervención militar. Esto constituyó la forma más extendida de apremios y violencia del grupo que se centró en dos ejes fundamentales de su accionar violentista y terrorista.

Sabotaje de Infraestructura, Donde PyL ejecutó numerosos atentados explosivos y sabotajes dirigidos a la infraestructura vital o crítica del país.

Entre julio y agosto de 1973, realizaron acciones clave, como la voladura de una sección del oleoducto de la ENAP en Curicó y el ataque a una torre de alta tensión en Rapel.

Este último sabotaje dejó sin energía una vasta zona entre Coquimbo y Rancagua, coincidiendo con un discurso presidencial de conciliación.  

Violencia y Grupos de Choque, Donde PyL operó en coordinación con otros grupos paramilitares de derecha, como el Comando Rolando Matus (CRM) , utilizando la violencia callejera contra militantes de izquierda y en apoyo a movimientos gremiales y paros de transportistas. PyL también estuvo implicado en el fallido intento de golpe conocido como el "Tanquetazo" en junio de 1973.  

La violencia de PyL configuró una estrategia terrorista asimétrica en comparación con la izquierda, porque mientras el MIR buscaba acumulación, PyL se enfocó en el colapso económico inmediato y la paralización del Estado. Además, contaron con aliados clave, incluyendo sectores de las Fuerzas Armadas (desde 1973), el Partido Nacional y, según informes confirmados y desprendidos de archivos desclasificados, también apoyo de la CIA norteamericana.  

El clímax de la violencia paramilitar de derecha ocurrió el 27 de julio de 1973 con el asesinato de Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Allende. El crimen se llevó a cabo cuando un grupo armado disparó contra su casa en la comuna de Providencia, alcanzándolo fatalmente.  

El asesinato fue atribuido a una facción radical descolgada del FNPL, cuyo líder, Roberto Thieme, afirmó haber expulsado previamente a los responsables por ser demasiado "exaltados". No obstante, el arma utilizada (un rifle Marcatti largo) había sido facilitada por un ex oficial de la Armada.    

Este asesinato tuvo un significado estratégico de alto nivel porque, al eliminar a un oficial constitucionalista leal al presidente, se despejaba el camino para la conspiración militar y se intensificaba la sensación de ingobernabilidad y caos. Este acto de violencia se percibe como uno de los pasos tácticos esenciales ejecutados por el paramilitarismo de derecha para precipitar el golpe de Estado de septiembre de 1973.  

El Historial que no Enorgullece a Nadie

La documentación exhaustiva de todos los secuestros, asesinatos y apremios cometidos por grupos armados no estatales entre 1960 y 1973 se enfrenta a significativas limitaciones metodológicas, ya que la historiografía y los informes oficiales chilenos (Rettig, Valech) se centraron primariamente en las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el Estado a partir del golpe de 1973. Esto hace que no exista un registro oficial que totalice las víctimas de la violencia política pre-golpe de Estado en 1973. Sin embargo, estudios académicos que reexaminan el periodo de la Unidad Popular (1970–1973) han logrado verificar aproximadamente quince casos de asesinatos en el marco de la confrontación social, la mayoría a causa de la acción de terceros.  

1.   Edmundo Pérez Zujovic (1971): Víctima de la VOP (Extrema Izquierda). Magnicidio político.  

2.   Arturo Araya Peeters (1973): Víctima de facciones de Patria y Libertad (Extrema Derecha). Asesinato estratégico.

3.   Cabo Luis Fuentes Pineda (11 de agosto de 1970): Murió a causa de un enfrentamiento armado con miembros del MIR. El carabinero se encontraba cumpliendo servicio de guardia en el domicilio del gobernador del departamento Presidente Aguirre Cerda, en la provincia de Santiago, cuando ocurrió el incidente que resultó fatal.  

4.   Cabo Armando Cofré López (21 de septiembre de 1970): Fue asesinado por un comando mirista. El ataque se produjo cuando el carabinero intentó repeler un asalto (o "expropiación", según la terminología del MIR) a la sucursal de Avenida Irarrázaval del Banco Panamericano en Santiago. Los asaltantes le sustrajeron su revólver de servicio y una subametralladora.  

5.   Otras Acciones del MIR Contra Carabineros (1967) Además de los asesinatos, el MIR fue responsable de un caso documentado de secuestro y apremio contra el Carabinero Héctor Gutiérrez Orellana (8 de septiembre de 1967) en la Universidad de Concepción. Esto ocurrió tras incidentes derivados de una marcha no autorizada en el centro de la ciudad. Gutiérrez Orellana fue liberado ileso al día siguiente, pero su uniforme y su arma de servicio fueron robados.

6.   Cabo Tomás Gutiérrez Urrutia (24 de mayo de 1971): Murió a manos de un grupo de la VOP que lo hirió fatalmente a tiros durante la retirada de un asalto a un supermercado en Santiago.

7.   Cabo Exequiel Aroca Cuevas (30 de agosto de 1972): Fue asesinado por disparos realizados por miembros de la estructura militar del Partido Socialista que se encontraban atrincherados en la sede de esa colectividad en Concepción, disparando contra un furgón de Carabineros.

8. Carabinero José Maldonado Inostroza, muerto el 11 de septiembre de 1973 en un enfrentamiento entre militantes del MCR y latifundistas y choques con Carabineros el caso clasificado como víctima de violencia política.  

El MIR y la VOP se centraron en la violencia simbólica y logística. El MIR buscó financiar su proyecto revolucionario futuro mediante expropiaciones, mientras que la VOP, a través del magnicidio de Pérez Zujovic, buscó castigar a represores y forzar una ruptura radical.

En contraste, el FNPL (Frente Nacional Patria y Libertad) operó bajo una lógica de violencia desestabilizadora estratégica, enfocada en el sabotaje de infraestructura económica para paralizar el país y crear la percepción de ingobernabilidad, con el apoyo de sectores militares y externos. La eliminación del edecán Araya Peeters en 1973 demostró que la violencia de derecha servía como una fuerza de choque altamente estratégica, facilitando la planificación militar del golpe.  

La escalada de las acciones armadas, tanto por la izquierda como por la derecha, actuó como un poderoso detonante que permeó a la sociedad chilena, llevando a la polarización extrema y al colapso del consenso democrático. Los actos de terrorismo y sabotaje proporcionaron a la oposición política, la prensa y las Fuerzas Armadas los argumentos necesarios para justificar la necesidad de una intervención armada. La violencia se convirtió en el elemento articulador de la crisis, debilitando la legitimidad del gobierno y acelerando su caída.  

Es crucial en el análisis histórico de este periodo establecer una distinción entre la violencia política ejercida por los grupos armados no estatales (1960–1973) y la violencia de Estado sistemática que se desató tras el golpe. La violencia pre-1973 fue caótica, descentralizada y, en términos de letalidad, de baja intensidad en comparación con los conflictos armados en otros países latinoamericanos y la represión que le siguió. 

La violencia de los grupos armados entre 1960 y 1973 fue un factor destructivo que facilitó la crisis, pero nada justifica la magnitud y naturaleza de la violencia que ejerció el Estado post-1973. La violencia extraparlamentaria, aunque central en la desestabilización, no puede ser entendida como un factor legitimante para la masiva y sistemática represión estatal desatada a partir de septiembre de 1973. La documentación de estos crímenes demuestra que la violencia extraparlamentaria fue un precursor crucial, pero la verdadera tragedia en términos de apremios, secuestros y asesinatos ocurrió cuando el Estado asumió el monopolio del terror.