Cerrar o No Cerrar, He Ahí el Dilema... Punta Peuco en la Mira
- Francisco Javier Ovalle Reinoso
- 13 nov
- 2 Min. de lectura
La discusión sobre las cárceles especiales en Chile ha sido secuestrada por la ideología, desviándonos de la cruda realidad y el sentido común de la seguridad penitenciaria. La pregunta no es si debemos tenerlas, sino por qué seguimos ignorando la urgente necesidad de separar a nuestros reos.
La premisa de que "todos deben ir al mismo lugar" es no solo ingenua, sino peligrosa. El sistema chileno ya reconoce la segregación: existen las Cárceles de Alta Seguridad para criminales peligrosos y el Anexo Capitán Yáver para resguardar la vida de aquellos con baja peligrosidad (como los "cuellos y corbata") que serían blanco fácil en penales comunes.
El fondo es simple, respaldado por la experiencia internacional (como el modelo de aislamiento de Bukele en El Salvador): los reos tienen un compromiso delictual distinto y mezclarlos es condenarlos.
El costo de esta mezcla no es teórico; es una herida abierta en la memoria nacional: el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010. Entre las 81 almas que murieron abrasadas estaba Bastián Arriagada, un joven de 22 años, cuyo delito era vender películas piratas. Un reo de bajo compromiso, por un delito menor, murió junto a criminales avezados.
El contacto de un primario frustrado con un criminal experto lo convierte en alumno y, con suerte, en sobreviviente.
Imaginemos ahora el extremo: soldados expertos en tortura y sangre fría junto a asesinos y violadores comunes. No es una preocupación por el "privilegio", es una alerta de carnicería segura. Los recintos especiales existen para evitar que el remedio sea catastróficamente peor que la enfermedad.
Otro ejemplo no muy lejos de la realidad. Un reo con un cierto nivel económico y social condenado por cualquier delito, se transforma en un tentador objetivo de las mafias que gobiernan los penales. Ese interno podría ser el elemento de presión para que en el mundo exterior su familia sea obligada a involucrarse en otros delitos.
Por eso la polémica de Punta Peuco desvía la mirada. No debemos cerrar cárceles, sino reconvertirlas.

Propongo que Punta Peuco se transforme, sin privilegios, en un penal de alta seguridad enfocado en reos de baja peligrosidad física y violenta pero de alto riesgo y vulnerabilidad por su historial profesional: militares, fiscales, jueces, carabineros, o políticos condenados por corrupción o delitos económicos. Fusionar Capitán Yáver con Punta Peuco sería una buena alternativa por ejemplo.
Actuar con altura de miras significa entender que clasificar a un ex carabinero o a un político corrupto, cuya vida corre riesgo en un penal común, no es un capricho, es la base de la seguridad interna, la dignidad humana y el único paso viable hacia una posible reinserción. Dejemos la guerra ideológica y enfoquémonos en lo que dicta el sentido común: la separación por riesgo delictual.
El verdadero análisis es reconocer que la segregación es una necesidad operativa y de seguridad, y que la polémica sobre Punta Peuco se ha alimentado de la percepción de que se trata de una cárcel de mínima seguridad para reos de alta peligrosidad—una verdad que desvía la atención de la existencia y la necesidad de tener recintos especiales en Chile no como privilegio sino justamente para evitar que las cárceles sigan siendo escuelas del delito.



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