Anatomía de la omisión: La negligencia institucional y el fracaso sistémico en la gestión de incendios forestales en Chile

La historia reciente de Chile no se escribe con tinta, sino con las cenizas de miles de hogares y la pérdida irreparable de vidas que el discurso oficial insiste en llamar tragedias naturales.

En mi “doble función” de Bombero Perito Investigador de Incendios Forestales (ya retirado) y ejerciendo el periodismo principalmente en tragedias y desastres por varios años, he sido testigo de esta dicotomía existencial que tenemos en Chile. Es como si nos gustara ostentar títulos bizarros como el primer lugar en consumo de pan, el primer lugar en terremotos, el primer lugar en los incendios mas desastrosos. A esto le agregaría otro de estos títulos; el primer lugar en tener autoridades negligentes en todo orden de cosas, pero especialmente en materia de incendios.  Justamente, tras analizar la secuencia de incendios devastadores ocurridos entre 2014 y 2026, queda al descubierto una verdad mucho más incómoda de lo que aparenta: el Estado chileno ha permitido que el fuego avance no solo por la acción de criminales, sino por la parálisis de quienes, sentados en oficinas públicas, ignoraron advertencias claras y precisas.

La recurrencia de estos desastres no es una fatalidad del clima, sino el resultado de un sistema que ha decidido que la burocracia y el papeleo son más importantes que la seguridad de las personas.

Por eso creo que ya es hora de dejar de mirar solo hacia el bosque y empezar a mirar hacia los escritorios donde se archivaron los informes que predijeron, con exactitud aterradora, cada una de las muertes que hoy lamentamos.

El desastre de Valparaíso en 2008 en el Cerro La Cruz donde perdió la vida calcinado el Bombero Gabriel Lara, fue la primera gran alerta del siglo XXI. Según el Laboratorio de Incendios Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, la expansión urbana asociada a la interfaz forestal, era un tema urgente de abordar lo que fue plasmado en un primer informe técnico.    Otra investigación académica sobre la vulnerabilidad de las zonas urbanas de la quinta región fue desarrollada por el arquitecto y docente de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla. Durante dos años trabajó en su tesis del Magíster de Asentamientos Urbanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica, la que se publicó el 2012 donde también alertó de la urgencia con la que se debía actuar, informe que fue también puesto a disposición de la autoridad de la época.

Así se llegó a 2014 donde se produce el primer gran aviso de una cadena de negligencias que se ha vuelto institucional. En aquel entonces, múltiples expertos señalaron que las quebradas de la ciudad eran trampas mortales llenas de basura y maleza seca, pero la respuesta de las autoridades fue el silencio.

Este patrón de "tragedia anunciada" se repitió con crueldad en 2024, cuando un informe técnico detallaba exactamente qué sectores de Viña del Mar y Quilpué debían ser limpiados de vegetación peligrosa. A pesar de tener el mapa del riesgo en sus manos, las autoridades locales y regionales se perdieron en discusiones sobre la propiedad de los terrenos, dejando que el tiempo pasara hasta que el fuego se encargó de "limpiar" la zona de la peor manera posible, cobrándose la vida de 137 compatriotas.

Esta inacción no es un simple error administrativo; es un abandono del deber de protección que el Estado tiene con su gente.

Pero la situación alcanzó niveles de absurdo en la catástrofe reciente en el Biobío y Ñuble. Aquí, el conflicto no fue la falta de información, sino una ceguera normativa que roza lo criminal.

Existían miles de hectáreas cubiertas de desechos de ramas y hojas secas que funcionaban como un polvorín listo para estallar, exactamente igual a lo ocurrido hace más de diez años en Valparaíso. Los técnicos propusieron quemas controladas en invierno para eliminar este peligro, pero las autoridades ambientales lo prohibieron para no afectar la calidad del aire. Se eligió proteger los índices de contaminación a corto plazo por sobre la prevención de un incendio que, como se advirtió, terminaría destruyendo todo a su paso. El resultado fue un estallido de fuego que hasta ahora ha cobrado una veintena de vidas.

Este caso demuestra que Chile prefiere cumplir normas secundarias antes que salvar vidas humanas, evidenciando un fracaso sistémico donde nadie se atreve a tomar decisiones valientes por miedo al reglamento, por miedo al cuestionamiento ideológico, por miedo a bajar en las encuestas y perder votos.

A este panorama de negligencia se suma un factor de corrupción interna que resulta indignante. Las investigaciones han revelado que personas encargadas de apagar el fuego, como brigadistas y bomberos, han estado involucradas en el inicio de incendios para obtener beneficios económicos personales, como ocurrió en los incendios de 2017 en el Maule, específicamente en el sector del Radal Siete Tazas de Molina. El pago de horas extras era lo que buscaban los brigadistas forestales de una empresa privada que fueron imputados como responsables de los incendios.

Otro caso fue lo ocurrido en Valparaíso donde un bombero coludido con un brigadista forestal, fueron imputados también como autores de varios focos de incendio. Si bien estos individuos enfrentan penas de cárcel, la responsabilidad también recae en los jefes de estas instituciones que fallaron en vigilar y controlar a quienes contrataban o a quienes permiten el ingreso en el caso de la institución voluntaria, porque no se trata solo de "manzanas podridas", sino de un canasto institucional que no tiene filtros ni supervisión real.

El Estado o cualquier institución organizada, no solo falla en prevenir, sino que en ocasiones termina financiando, por descuido, a sus propios verdugos.

La injusticia más profunda reside en la desigualdad de la ley. Actualmente, un ciudadano que por un descuido deja una fogata mal apagada puede terminar en la cárcel por cinco años, y un pirómano puede recibir hasta veinte años de prisión. Sin embargo, el funcionario público que recibe un informe advirtiendo sobre un riesgo inminente y decide no hacer nada para evitarlo, suele enfrentar apenas una anotación en su hoja de vida o una multa menor. Esta asimetría es moralmente insostenible.

La ley debe evolucionar para castigar con la misma severidad o mayor a quien tira el fósforo como a quien, teniendo el poder y la obligación de limpiar el terreno, decide mirar para otro lado. La omisión del deber de cuidado es una forma de violencia que ha dejado a miles de chilenos en la calle y a decenas de familias incompletas.

En conclusión, el "nunca más" que se repite tras cada incendio se ha convertido en una frase vacía mientras no existan consecuencias legales reales para la negligencia institucional. Chile posee el conocimiento técnico para evitar estas catástrofes, pero carece de la voluntad política para exigir responsabilidad a sus gobernantes.

El fuego que consume nuestros bosques y ciudades tiene nombres y apellidos que a menudo se esconden tras timbres oficiales. Solo cuando un alcalde, un ministro o un jefe de servicio sepa que puede ir a prisión por ignorar una advertencia técnica, veremos un cambio real en la gestión del riesgo. Mientras la negligencia siga siendo gratuita para los poderosos, el futuro de Chile seguirá estando a merced de la próxima chispa. Francisco-Javier Reinaldo Ovalle Reinoso