Entre el Altruismo y la Responsabilidad Legal: El Dilema de los Bomberos Voluntarios ante la Justicia

Durante décadas, los Cuerpos de Bomberos en Chile parecieron intocables en los tribunales. Sin embargo, ese margen de tolerancia histórica ha comenzado a estrecharse de la mano de una ciudadanía más exigente y de jueces que miran con lupa la respuesta ante las emergencias.

Un caso en el Tribunal de Pichilemu está exponiendo este cambio con crudeza: la demanda civil (Rol C-161-2026) presentada por una vecina del sector Parcelas El Pangal, quien exige 150 millones de pesos (otras fuentes indican que son 300 millones) tras perder completamente su casa en un incendio ha puesto un tema tabú nuevamente en el tapete y que incluso dentro de los mismos cuarteles se prefiere no abordar.

La acción judicial describe una secuencia crítica: un llamado al 132 que habría demorado 40 minutos en recibir respuesta, la llegada de un único carro con apenas dos tripulantes —un maquinista y un bombero que terminó descompensado en el lugar— y la necesidad de que los propios afectados tomaran las mangueras para intentar frenar el fuego. El episodio no solo desnuda las debilidades operativas en zonas rurales, sino que reactiva un debate profundo sobre la responsabilidad legal de los voluntarios y los límites de su deber de protección.

En el marco del Derecho Civil chileno, estas demandas no se tramitan bajo la figura de "falta de servicio" que rige para los organismos del Estado, sino mediante las reglas de la responsabilidad extracontractual aplicables a cualquier institución privada.

Al ser corporaciones de derecho privado, pero de servicio público y sin fines de lucro, la ley no les exige a los Cuerpos de Bomberos un "resultado garantizado" —es decir, no están obligados legalmente a salvar la propiedad en cada siniestro—, sino desplegar los medios que tienen a su alcance con la debida diligencia. Por eso, el nexo causal se transforma en el verdadero cuello de botella para la parte demandante. Probar que una casa se destruyó específicamente por la demora o la mala gestión del personal, y no por la propagación natural e incontrolable del fuego en los primeros minutos, requiere un peritaje técnico de alta complejidad para demostrar lo que la jurisprudencia llama la "pérdida de oportunidad".

Y a este escenario se suma otra falla estructural en el proceso: la investigación técnica de la causa y origen del fuego, porque la ley encomienda esta labor a los propios Cuerpos de Bomberos, lo que genera un evidente conflicto de interés cuando la institución pasa a ser la demandada. El problema es muy similar al que ocurre con los accidentes de tránsito donde interviene la SIAT de Carabineros y hay un vehículo policial involucrado o un funcionario de la misma Institución. La SIAT investiga accidentes de tránsito y si se requiere un contraperitaje se debe solicitar a empresas privadas que habitualmente son compuestas tambien por ex funcionarios de Carabineros especialistas en Accidentes de tránsito, es decir, "ex SIAT".

En los juzgados, los informes periciales elaborados por los mismos departamentos de bomberos suelen gozar de un peso abrumador. Para romper ese sesgo implícito de autoprotección, a las víctimas no les queda más opción que contratar también peritajes independientes de ingeniería forense o solicitar al juez la designación de peritos externos que no tengan relación alguna con la institución. El problema es el mismo, las pocas empresas de peritajes forenses particulares especialistas en incendios, son integradas por bomberos o ex bomberos.

Pero este tipo de litigios pone al descubierto, además, una contradicción incómoda en el discurso institucional y que no siempre es agradable de escuchar (o de leer como en esta columna). Al momento de postular a fondos públicos, subvenciones municipales o proyectos del Gobierno Regional, Bomberos destaca con orgullo el alto grado de profesionalismo, la capacitación de sus voluntarios y el cumplimiento de estándares internacionales que los hacen de verdad "Profesionales de la Emergencia" mas aún con el estándar de capacitación que cumplen los voluntarios bajo estrictas normas internacionales de preparación. Sin embargo, cuando se enfrenta una demanda civil por errores logísticos o escasez de personal en una emergencia, el argumento defensivo suele replegarse hacia la gratitud, el altruismo y la condición de voluntariado.

Los tribunales han comenzado a mirar esta dualidad con mayor distancia. Aunque la Corte Suprema ha mantenido una postura cautelosa frente a omisiones en el combate de incendios, sí ha marcado precedentes sancionando negligencias operativas directas y exigiendo una organización mínima y rigurosa a las corporaciones que reciben financiamiento estatal.

El caso de Pichilemu va más allá de un reclamo millonario por pérdidas materiales; es un campanazo de alerta sobre la urgencia de redefinir el compromiso con la comunidad.

En un entorno donde la sociedad y la justicia exigen cuentas claras, la mística histórica de Bomberos de Chile ya no se sostiene solo en la buena voluntad, sino en la capacidad de responder ante la ley con la excelencia y el rigor que exige su misión.

"Apagar incendios y salvar vidas de forma gratuita y voluntaria es un gesto hermoso, pero a la nobleza de la vocación es preciso añadirle la máxima exigencia de la competencia técnica y la responsabilidad. Nuestro actuar tiene que ir de la mano con un profesionalismo real y no solo en lo académico de la capacitación. Ser profesional también es hacerse responsable de un mal actuar. No podemos pretender que la 'voluntariedad' sea un salvoconducto para esconder, justificar o perdonar la mediocridad." Francisco Javier Ovalle R. (Instructor ANB en retiro)